Crimen transnacional en el Asia Pacífico: desafíos para la cooperación regional

La conexión transfronteriza de las actividades ilícitas es cada vez más fluida y cuenta con una cantidad creciente de personas. La proliferación de redes clandestinas vinculadas a los casinos y las criptomonedas, se explican por la posibilidad de transacciones anónimas y en pocos segundos. Frente a esta realidad, los gobiernos y organismos multilaterales subrayan la necesidad de fortalecer la cooperación con el objetivo de dar respuestas en conjunto. Más detalles de esta experiencia, en la siguiente nota.

Crimen transnacional: un problema que se complejiza día a día

El Asia Pacífico es una región diversa y dinámica que enfrenta desafíos relacionados con los delitos transnacionales. Según la Convención de Naciones Unidas para el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC), estos delitos son cometidos por grupos que operan en más de un Estado o que impactan substancialmente en otro Estado. Estos grupos pertenecen al crimen organizado, definido por el Global Organized Crime Index (OCIN) como actividades realizadas por redes que buscan beneficios financieros o materiales a través de violencia, corrupción u otras acciones ilícitas.

Un informe BCN aborda conceptualmente este tipo de actividades destacando que el crimen organizado transnacional busca obtener beneficios económicos y tiene consecuencias internacionales, como la de amenazar la seguridad y el bienestar de los Estados afectados. Por tanto, la cooperación regional e internacional es clave para abordar estas preocupaciones comunes dada la complejidad global del problema.

Un caso que ejemplifica lo anterior y que preocupa a la comunidad internacional se desarrolla en el Sudeste Asiático. Una red clandestina de lavado de dinero vinculada a los casinos, los junkets y las criptomonedas ha tomado un papel protagónico en el fomento del crimen organizado transnacional. Esta situación ha sido analizada por la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) que en un estudio publicado en enero de 2024, da cuenta de la conexión transfronteriza entre estas actividades ilícitas que involucran recursos de alta tecnología.

El estudio destaca que la proliferación de estas actividades se explica porque las transacciones además de más rápidas, son anónimas. Pero también porque sirven para lavar grandes cantidades de dinero, no solamente en divisas, sino también en criptomonedas. Esto ha hecho que el crimen organizado extienda su rubro al cibercrimen. Asimismo, explica que a pesar del control de las autoridades en países como Filipinas y Cambodia, cuando los grupos criminales se sienten amenazados se desplazan hacia otras áreas remotas del río Mekong.

Esta posibilidad de movimiento por parte de los grupos ilícitos, en contraposición con la capacidad limitada de las autoridades, hace que crezca rápidamente una brecha entre ambos actores. Esto hace que hasta ahora sean insuficientes las medidas implementadas por los gobiernos locales para abordar el lavado de dinero, la corrupción y las salidas ilegales de capital, asociadas a estos casinos clandestinos. Es por ello que dentro de las recomendaciones de la UNODC está el fortalecimiento de la legislación a nivel nacional, pero también planear respuestas regionales basadas en la cooperación que se orienten a contrarrestar en conjunto esta creciente amenaza.

El crimen transnacional no reconoce fronteras

La necesidad de combatir el crimen transnacional de manera conjunta y coordinada entre los países del Sudeste Asiático se evidencia en el hecho de que a comienzos de 2022 se calculaba que existían más de 340 casinos físicos en el Sudeste Asiático, tanto con licencia como sin ella. La mayoría de ellos habían migrado a plataformas en línea para proporcionar servicios de transmisión en vivo con crupier y diversas opciones de apuestas a través de un intermediario.

Según las últimas cifras de la industria -y mostradas en el estudio de UNODC- se proyecta que el mercado oficial de juegos de azar en línea alcance más de 205 mil millones de dólares para el año 2030, siendo la región de Asia-Pacífico la principal responsable del crecimiento del mercado entre 2022 y 2026, con una participación del 37 por ciento.

A pesar de esta realidad, los países del Asia Pacífico cuentan con mecanismos de cooperación en la lucha contra los delitos transnacionales a través de diversas iniciativas regionales e internacionales. Estos son:

1. ASEAN: Acuerdo marco para combatir el tráfico ilícito de drogas, ASEANAPOL (Polícia regional) y el Plan de Acción contra el Crimen Transnacional
2. UNODC: Programa Regional de Naciones Unidas para el Sudeste Asiático y el Pacífico, enfocado en soluciones contra el tráfico de drogas y otros delitos
3. APEC: Grupo de Trabajo Anti-Corrupción y Transparencia, promoviendo políticas éticas en la región
4. APPF: Adopción desde los Parlamentos de resoluciones en el Foro sobre crimen organizado, terrorismo y trata de personas
5. Pacific Transnational Crime Network (PTCN): Red de cooperación entre 22 países insulares para combatir delincuencia organizada y tráfico de drogas

Tales iniciativas son una demostración de que combatir de manera efectiva los delitos transnacionales, requiere de un enfoque integral. Para que esto suceda es preciso que se consideren todas las dimensiones del crimen organizado, es decir, no solamente la represión del delito, sino también su prevención. Esto supone el fortalecimiento de instituciones resilientes.

Ejemplo de ello es que la UNODC y su Programa Global para la Implementación de la Convención ofrecen apoyo a los gobiernos del Sudeste Asiático en el desarrollo de respuestas, no sólo normativas, sino también de políticas públicas sólidas. Simultáneamente, este programa se centra en el fortalecimiento de las legislaciones internas y la cooperación internacional, todo ello mediante estrategias basadas en evidencia.

En consecuencia, tales estrategias tienen la capacidad de coordinar acciones de los países en conjunto frente al crimen, al mismo tiempo que promueve enfoques equitativos, con perspectiva de género y en atención de los Derechos Humanos (DDHH) y la promoción del desarrollo sostenible como pilares fundamentales en la lucha contra los delitos transnacionales.

Uno de los corredores de tráfico de drogas más grandes del mundo

El crimen transnacional en Mekong va más allá de los ciber casinos y el lavado de dinero. Esta zona, conocida históricamente como el Triángulo Dorado, ha sido durante años un lugar reconocido históricamente por el cultivo de opio, que a su vez contribuía a la producción de heroína. Sin embargo, con el surgimiento del comercio de drogas sintéticas, su producción ha tenido cambios significativos en el panorama regional del narcotráfico. Una nota de prensa de la UNODC muestra este problema, agregando que las drogas que hoy se transportan son más mortíferas y lucrativas que el opio y sus derivados.

De esta manera, Tailandia, Laos y Myanmar se han convertido en el epicentro del comercio ilícito en Asia. Este comercio está dominado por los llamados sindicatos, que operan a nivel transnacional. Un ejemplo de esto es la captura en Tailandia de un cargamento que había sido ingresado clandestinamente. Esto ocurrió en junio de 2023, cuando una lancha de la Armada de este país asiático logró una incautación de 6,4 millones de pastillas de metanfetamina, además de una droga sintética altamente adictiva conocida localmente como yaba.

Aunque las autoridades de Tailandia y Laos han tenido avances significativos en la lucha contra el tráfico de drogas, las drogas que transitan por esos países tienen su origen en laboratorios clandestinos, operados por milicias en las remotas selvas montañosas del norte del estado de Shan en Myanmar. Estas sustancias fluyen a través de estos países hacia destinos como Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia.

Las posibilidades de la cooperar desde una mirada latinoamericana

El crimen transnacional no es una realidad exclusiva del Sudeste Asiático. En América Latina también tenemos que lidiar con expresiones similares de crimen organizado, pero también otras que nos son propias. Es por ello que la cooperación regional se hace igualmente necesaria. Para Felipe Caro, cientista político y Graduate Ambassador e investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Universidad de Ohio, ambas regiones tienen una gran presencia del narcotráfico y el blanqueo de capitales a través de casinos. “Hay actividades ilícitas comunes como la trata de personas y tráfico de armas. Pero tenemos que mirar muy bien cómo estas plataformas alojadas fuera de la región se convierten en herramientas clave para blanquear dinero porque también se están desarrollando en América Latina. Ejemplos incluyen el caso del cártel de Jalisco en México y los casinos virtuales en Brasil, que han generado preocupación debido a la imposibilidad de rastrear la procedencia de los fondos. En nuestro caso, el crimen organizado también emplea tecnologías como criptomonedas para el blanqueo de activos. Por eso es que la falta de regulaciones claras en América Latina plantea un desafío mayor en la lucha contra estas prácticas ilícitas, que requiere coordinación internacional para combatir efectivamente este fenómeno en expansión”, señaló.

Asimismo, y mirando nuestra realidad nacional, planteó que existe una clara necesidad de definir y actualizar la coordinación entre las diferentes instituciones públicas para combatir el crimen organizado, así como fortalecer la cooperación tecnológica a nivel internacional. “Recientemente hubo una propuesta del diputado Mirosevic de crear una unidad especial que integre a los mejores agentes de diversas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos y Aduana. Podemos ver a nivel internacional que agencias como la CIA y el FBI en Estados Unidos o el MI6 en Inglaterra, demuestran la importancia de las agencias de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado”, agregó.

De igual forma, planteó que es esencial generar confianza para que se lleven adelante procesos, agencias y programas de inteligencia en Chile. “Considerando el pasado histórico e ideológico de las antiguas agencias de inteligencia vinculadas a las Fuerzas Armadas. Se requiere contar con fuentes de inteligencia tanto abiertas como es el caso de la ANI que por ley tiene que hacerlo, pero también llevar a cabo un trabajo “bajo tierra” -como se conoce” contra el crimen organizado. Para identificar las características del crimen organizado en Chile, se necesita una legislación que permita un sistema de inteligencia profundo y una coordinación efectiva entre las diferentes agencias”, sostuvo.

Por último, recalcó que la legislación chilena en ese fortalecimiento de la inteligencia nacional, debe incluir todos los elementos del crimen organizado. “Tenemos que promover la centralización de la gestión y desarrollo de datos e inteligencia, y fomentar la cooperación a nivel internacional. La creación o fortalecimiento de una ley de inteligencia es fundamental para dotar a la Agencia Nacional de Inteligencia de mayores atribuciones y facilitar la cooperación con otras instituciones públicas. Se requiere una estructura legislativa explícita, pero flexible para profundizar en las características de la inteligencia y garantizar una cooperación efectiva a nivel internacional en la persecución de actividades delictivas en medios digitales”, sentenció.

Por equipo Asia Pacífico: asiapacifico@bcn.cl